Aunque subirse a una micro o a un colectivo en Talca parece algo cotidiano, para muchas personas ha pasado a ser un ejercicio de alerta permanente. Robos, acoso y escasez de fiscalización forman parte del listado de temores que sufren pasajeros y conductores. ¿Qué tan seguros son nuestros medios de transporte?
Eran las seis y media de la tarde cuando Anne Romero, estudiante de la universidad Autónoma de Talca (fonoaudiología), subió a la línea 2 para llegar a su casa, en el sector norte de Talca. Apenas quedaban algunos asientos libres. Se sentó al lado del conductor, como siempre hace y un hombre la acosó verbalmente en uno de esos viajes. Desde entonces viaja con audífonos, pero sin música. “De esta forma me siento más alerta”, confiesa.
El caso de Anne no es un hecho aislado.
El transporte público en Talca se ha convertido en una preocupación creciente para quienes lo utilizan a diario. La inseguridad, tanto física como estructural, atraviesa los recorridos, los paraderos y las decisiones de movilidad de miles de personas.
Jorge Retamal, conductor con más de 15 años de experiencia en el transporte público, lo confirma. “Hace poco asaltaron a un colega con un cuchillo en el sector de La Florida. Le quitaron el dinero que tenía del día, quedando con un corte en la mano”. El miedo también viaja con ellos.
La inseguridad se ha convertido en pasajera habitual del transporte público
A esta situación se suma la escasez de infraestructura. En la periferia de la ciudad, los paraderos carecen de luz, techo y vigilancia. Quienes viven en sectores como Carlos Trupp, Brilla El Sol o La Florida conocen bien esa sensación de espera tensa. La falta de frecuencia en los horarios nocturnos y la desconexión de las rutas acentúan la vulnerabilidad.
Las más afectadas siguen siendo las mujeres y las disidencias sexuales. Camila Troncoso, vocera de una organización feminista local, dice que “a muchísimas chicas les da miedo tomar micro de noche. O se bajan antes. O van grabando con el celular, por si acaso”.
El miedo viaja con ellas: mujeres y disidencias sexuales, las más expuestas en el transporte público.
El municipio está consciente del problema. El concejal Patricio Mena reconoce una deuda en cuanto a seguridad: “Se está trabajando un plan de instalación de cámaras en puntos críticos y se gestiona mayor presencia policial en franjas horarias clave, pero se requiere mayor apoyo regional”.
No es casualidad que la percepción de inseguridad haya aumentado, pese a que los delitos de mayor connotación social han disminuido entre 2015 y 2023. El entorno deteriorado y el abandono de la infraestructura alimentan el temor
Una espera que angustia
En barrios periféricos como Las Américas, La Patria Joven o Doña Florencia, los paraderos improvisados conviven con sitios eriazos y calles sin luminaria. En esos sectores, la espera por una micro puede convertirse en una experiencia de riesgo.
El Terminal de Buses Lorenzo Varoli también ha sido escenario de fiscalizaciones. Durante enero de 2025, el SERNAC y la SEREMI de Transportes revisaron condiciones de seguridad, precios, horarios y políticas de reembolso. “Estas fiscalizaciones buscan garantizar que las empresas informen correctamente y respeten los derechos de los pasajeros”, afirmó Andrés Salas, director regional del SERNAC.
Sin embargo, la fiscalización no es suficiente. Guillermo Ceroni, nuevo Seremi de Transportes, reconoce que hay solo 15 fiscalizadores para toda la región. A eso se suma la escasez de choferes profesionales: muchos prefieren trabajar para aplicaciones de transporte.
La falta de conductores repercute directamente en la frecuencia de los recorridos. El resultado: esperas prolongadas, micros colapsadas y usuarios cada vez más desencantados. Esto genera un círculo vicioso, donde la baja calidad del servicio promueve el uso del auto particular, lo que a su vez aumenta la congestión y las emisiones contaminantes .
En horas punta, los talquinos compiten por un espacio dentro de los microbuses. Las filas se extienden en calles como 11 Oriente o 2 Sur. Algunos incluso corren tras los vehículos con la esperanza de no llegar tarde al trabajo o a clases.
Viajar se volvió una prueba de resistencia
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), presentado en 2023, propone revertir esta situación. Sus seis ejes estratégicos incluyen el fortalecimiento del transporte público, mejoras en conectividad vial y fomento de modos sostenibles como la caminata y la bicicleta.
El problema, según voces ciudadanas, es que muchas de estas medidas quedan en el papel. “El plan suena bonito, pero seguimos esperando micros por 45 minutos”, comenta Eliana Henríquez, presidenta de la junta de vecinos de Villa El Parque.
En algunos sectores, las paradas no están señalizadas. En otros, los letreros han sido arrancados o vandalizados. La desinformación sobre recorridos y horarios alimenta el descontento.
Talca lidera el ranking nacional de ciclovías construidas por habitante, pero muchas de ellas carecen de conectividad. Son tramos inconexos, mal mantenidos, y en ocasiones invadidos por comercio informal o estacionamientos ilegales.
La movilidad peatonal tampoco escapa a las falencias. Aceras rotas, falta de rebajes para personas con movilidad reducida y ausencia de cruces peatonales seguros hacen de caminar una tarea desafiante.
El transporte como reflejo de la desigualdad
En el centro de la ciudad, las veredas se ven ocupadas por puestos de venta y motocicletas. La convivencia entre peatones y otros modos de transporte parece no estar resuelta.
Los adultos mayores son uno de los grupos más afectados. Muchos prefieren no salir de sus casas al atardecer por miedo a sufrir algún tipo de delito o accidente.
Organizaciones ciudadanas como el Consejo de Desarrollo Vecinal han solicitado al municipio implementar rutas seguras y campañas de prevención en el transporte. Hasta ahora, sus demandas no han sido atendidas.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible considera la participación ciudadana, pero líderes vecinales denuncian que los talleres se realizaron con escasa difusión y poca representación territorial.
Los estudiantes, especialmente quienes viven en pensiones o sectores periféricos, también enfrentan dificultades. “Tomo dos micros al día y a veces me tengo que bajar y caminar porque ya no cabía más gente”, dice Sebastián Rivas, alumno universitario.
En lugares como La Florida o Villa Río, los recorridos son tan espaciados que muchas personas optan por el transporte informal. Esta práctica, sin regulación, suma nuevos riesgos a la movilidad.
La situación de los colectivos tampoco es mejor. Las tarifas han subido, los recorridos se han acortado y en varios casos no se respetan las rutas originales. La fiscalización, dicen los usuarios, brilla por su ausencia.
En Talca, el derecho a movilizarse sin miedo aún parece un anhelo. La experiencia cotidiana de muchos demuestra que la inseguridad es estructural y requiere soluciones profundas.
Si bien las políticas están escritas, la implementación es lenta y desigual. En el intertanto, miles de personas siguen moviéndose por la ciudad con más miedo que confianza.
El transporte público debería ser sinónimo de acceso, igualdad y seguridad. Pero en Talca, todavía se vive como una lotería.
Mientras tanto, Anne sigue sentándose junto al conductor, con sus audífonos puestos, pero sin música. Solo así, dice, puede sentirse un poco más segura.
Leave a Comment