La violencia en los colegios se ha convertido en prioridad tras casos estremecedores. En marzo de 2025, un alumno de 14 años golpeó con una escoba a su profesora en el Liceo Bicentenario de Trehuaco, Ñuble. Días después se informó que en San Javier, Maule, un niño de Ens. básica agredió también a una profesora en plena clase. Estas noticias muestran un alza general de denuncias, en 2024 se contabilizaron 91 denuncias de ataques de alumnos a docentes en todo el país, un 38% más que el año previo.
En mayo de 2025, en el Liceo Insuco de Talca, un estudiante fue arrestado por agredir a un docente y a un auxiliar. El hecho impactó a la comunidad del colegio y este activó los protocolos de seguridad internos. El estudiante provocó daños materiales, agredió al profesor y al asistente, y realizó amenazas de muerte. Tras lo ocurrido, fue detenido por Carabineros y deberá responder ante la justicia por agresiones y amenazas de violencia extrema.
La Superintendencia de Educación reportó que en 2024 la región del Maule tuvo solo 2 denuncias formales de alumnos agrediendo a profesores, frente a 3 en 2023. No obstante, organizaciones locales advierten que el subregistro es enorme; un informe del Colegio de Profesores contabilizó 135 casos de docentes agredidos en las provincias en 2024, puntualizando que “no en todos los casos se llega a una denuncia formal”. A nivel nacional, las denuncias a la Superintendencia por agresiones de estudiantes a funcionarios educativos alcanzaron la cifra más alta desde 2018.
En la región, los informes de convivencia escolar comunicados por los medios y realizados por organismos de la educación, muestran un panorama preocupante que va más allá de los datos de matrículas. Por ejemplo, la Superintendencia de Educación registró 76 casos de violencia escolar en la zona en 2018, pero no se trata solo de cifras pasadas, en mayo de 2025 un alumno de 14 años ingresó armado a un liceo de Curicó y amenazó a un profesor en plena sala de clases.
Ante estos hechos, las autoridades educativas han intentado aumentar sus esfuerzos preventivos; el Ministerio de Educación incluyó recientemente a Linares, Curicó y Talca en el programa nacional, “Comunidades Educativas Protegidas”, una iniciativa creada para anticipar y gestionar situaciones críticas de violencia en los establecimientos.
Estas acciones ayudan a visibilizar aún más la importancia y preocupación de que exista una legislación actualizada y activa sobre convivencia escolar. Actualmente, la ley de “Violencia Escolar” y el programa “Aula Segura” buscan reforzar la seguridad en los colegios.
Las normas legales buscan apoyar a los profesores ante estos escenarios. La ley de “Violencia Escolar” N°20.536, exige que cada establecimiento tenga un “Consejo Escolar” o “Comité de Buena Convivencia” para promover el respeto y prevenir agresiones.
Complementariamente, la ley “Aula Segura” N°21.128, amplió las causas de expulsión, incluyendo explícitamente las agresiones contra profesores, asistentes y apoderados dentro de la comunidad escolar. (Señalar que varias municipalidades han reforzado sus unidades de convivencia escolar).
Este malestar ha provocado movilizaciones del gremio docente. El 24 de marzo de 2025 los profesores de Talca participaron en la marcha nacional “Que educar no nos cueste la vida”, exigiendo mayor protección.
Las dirigentas locales alertaron que el número de casos reportados aumentó un 25% en el último año en Talca, y mencionaron que la violencia impacta crudamente a la educación parvularia, donde las educadoras y asistentes quedan “totalmente indefensas” ante alumnos agresivos.
La exposición recurrente y continua a agresiones pasa factura en la salud mental de los docentes. Un estudio de CIPER registró que las licencias médicas de profesores en la Región Metropolitana crecieron en un 200% entre 2021 y 2022, reflejo de un nivel extremo de estrés laboral.
La combinación de sobrecarga, miedo, poco apoyo y hostilidad en el aula provoca ansiedad, insomnio y agotamiento. Como advierte el Dr. en psicología Pablo Tagore, sentirse agredido repetidamente puede desencadenar patologías graves o cuadros de depresión, entre otros, incluso llevando a algunos docentes a abandonar la profesión y dedicarse a otra cosa, si no reciben apoyo psicológico adecuado.
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